¿Hasta dónde llegará el impacto político de la cautelar presentada por Carlos Eduardo López, seis veces aspirante a magistrado y seis veces vetado por el PE? Hace ocho días, tras regresar de Estados Unidos, el gobernador, José Alperovich dijo que "la trascendencia del caso fue por LA GACETA". Sin embargo, el planteo judicial que aún debe dirimir la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) parece tener más importancia que la asignada por el mandatario. Tanta, que ha alterado el ritmo de trabajo en la Legislatura.

Ayer, la Cámara canceló la sesión que tenía prevista para el viernes. El borrador con orden del día estaba casi listo y los principales proyectos de ley tienen dictamen de comisión. Pero se decidió postergar el encuentro para el miércoles 27.

La versión oficial dice que la suspensión se debe a un pedido formulado por el radical Ariel García, quien está en Brasil junto a los oficialistas Alfredo Toscano y Jesús Salim, participando de la cumbre mundial "Río+20". "Él planteó que quería estar en la sesión, y como son pocos días lo vamos a esperar, al igual que a los otros dos legisladores", dijo Roque Álvarez, presidente del bloque Tucumán Crece.

Sin embargo, en la bancada alperovichista admiten por lo bajo que la razón del aplazamiento es otra. La cautelar dictada por el juez Rodolfo Novillo (presidente de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo) en el marco del caso "López" frenó la confirmación en el recinto del pliego del aspirante a magistrado Diego López Ávila. Así, los parlamentarios quedaron entre la espada y la pared: por un lado está la restricción judicial; por otro, hay otros seis candidatos a jueces esperando ser designados.

De hecho, varias fuentes confiaron que en la reunión de bloque de ayer al mediodía había varias caras largas. Algunos cargaron duro contra los operadores que tiene la Casa de Gobierno en el Palacio de Tribunales. "Nos dijeron que para esta altura ya iba a estar el fallo de la Corte, y no hay nada de eso", le confió un legislador a este diario.

Así, el reclamo de Carlos López se hizo eco en los tres poderes del Estado. El seis veces ternado para juez o fiscal por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) siempre fue descartado por Alperovich, quien tiene la potestad de apartarse del orden de mérito a la hora de elegir.

El aspirante frustrado asegura que lo vetan porque trabajó en la ex Fiscalía Anticorrupción, que investigó al mandatario y a su esposa, la senadora, Beatriz Rojkés de Alperovich. Y exigió ante la Justicia que se argumente el porqué de la selección.

La causa está en manos de la CSJT. Desde la Legislatura aguardaban que el alto tribunal emitiera el dictamen definitivo, para así tratar en el recinto los siete pliegos de los aspirantes a magistrados, López Ávila incluido. Pero el fallo no llegó en los tiempos que tenían previsto en la Cámara.

Por eso, además, se suspendió la reunión de hoy de Labor Parlamentaria, en la que todos los presidentes de bloque deciden los proyectos de ley que se debatirán en la sesión.

Algunos ya fueron discutidos en las comisiones, como el convenio entre el Banco Mundial y el PE por las obras en la ruta 304; la prórroga de la ley de Emergencia Eléctrica; y la expropiación de un inmueble en San Felipe para ampliar la estación de tratamiento de residuos sólidos. Es muy probable también que le den el nombre de Mercedes Sosa a la sala de convenciones que se construye en el ex Cine Plaza; que la Escuela de Comercio Nº 2 pase a llamarse profesor Emilio Francisco Barbieri; y que otro establecimiento del barrio Policial III, Los Pocitos, se denomine "Escuela del Bicentenario".

Estaba casi todo para que los legisladores pudieran sancionar esas leyes. Pero la trascendencia del caso "López" truncó los planes del parlamento.